Gobierno y FARC buscan llegar a un acuerdo
Los diálogos de paz en la Habana
En la Habana – Cuba, entre los años 2013 y 2014 el
gobierno busca sentarse a negociar con las FARC, la entrega de armas y la desmovilización
por parte de este grupo armado. El gobierno ha propuesto alternativas en
beneficio de los ciudadanos Colombianos, pero en las que las FARC no aceptó y
propone cosas como lo son la participación de integrantes de este grupo en política
del país, propuesto que lógicamente el gobierno no acepta. En septiembre de
2015 el presidente Juan Manuel Santos da la noticia a los colombianos que ha
llegado a un acuerdo y que en marzo de 2016, las FARC y el gobierno iba a
firmar dicho dialogo y propone que en caso de que este grupo armado no cumpla
con lo acordado, la ONU procederá e intermediará con nuevas leyes y nuevos
castigos. Al llegar marzo, el gobierno da la noticia de que todavía faltan
cosas por acordar y por ello se va a aplazar la firma de dicho acuerdo para un
futuro incierto.
Colombia, a pesar
de ser la democracia más antigua de América latina, lleva 51 años de
enfrentamiento armado Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) nacieron
en los '50 como un grupo de defensa ante la violencia gubernamental. Un estudio
las considera responsables del 37% de los más de 40.000 secuestros que se
produjeron entre 1970 y 2010 Las relaciones con el narcotráfico, las más de
siete millones de víctimas y los excesos de ambas partes del conflicto que se
han puesto sobre la mesa en la negociación de La Habana. En todos estos años de
feroz enfrentamiento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las
FARC, han sobrevivido a 12 gobiernos, algunos más afectos al diálogo, otros
abiertamente beligerantes y han sobrevivido también a sus propias divisiones,
errores y contradicciones. El fin de la violencia firmado en La Habana pretende
poner un punto final a un relato regado por el dolor de más de siete millones
de víctimas, pero que supone una grieta en la sociedad colombiana difícil de remendar.
Las FARC nacieron de La Violencia. Así, con mayúsculas, es como Colombia
bautizó la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que se
extendió desde finales de los años cuarenta hasta casi la década del ’60. El
enfrentamiento dejó una escandalosa e indeterminada cifra de víctimas que se
suele calcular entre 200.000 y 300.000, además del desplazamiento forzoso de
casi un cuarto de la población colombiana de entonces, que apenas superaba los
diez millones de habitantes. En aquellos primeros años las FARC “se
constituyeron de manera espontánea para defenderse de la violencia oficial de
un gobierno conservador minoritario que mediante la violencia quería
perpetuarse en el poder”. Con los ochenta llega el cambio radical en el accionar
de las FARC, que se transforma de pequeña guerrilla en una fuerza bajo el mando
de un Estado Mayor y dividida en frentes y bloques. “Pasan de una mentalidad
defensiva a ofensiva”. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando
terreno desde la zona cordillerana hasta tomar la capital. La primera vez que
las Farc se sentaron a negociar la paz fue en 1984 con el presidente Belisario
Betancourt. Por primera vez un gobierno reconocía a la guerrilla como un
interlocutor válido para buscar la superación del conflicto armado. Las FARC se
comprometieron a suspender sus secuestros y formaron un movimiento político, la
Unión Popular. Tres años más tarde, la UP denunciaba el asesinato de más de
3.500 de sus miembros, incluyendo el de los candidatos a la presidencia Jaime
Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. El Gobierno de César Gaviria (1990-1994)
consiguió que algunos grupos guerrilleros participaran en la Asamblea
Constituyente, pero el poder político siguió tratando a las FARC como un grupo
de vándalos. Andrés Pastrana (1998-2002) encabezó el llamado Proceso de Paz del
Caguán, que se cerró en falso justo antes del secuestro de la entonces
candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien más tarde protagonizaría el
rescate más mediático en la historia del conflicto. Tras Pastrana llegaría
Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, que en la práctica
intensificó el combate. Fueron los años más duros. En 2008 el Gobierno dio un
gran golpe a las FARC. En un complejo operativo engañó a la guerrilla para
liberar a Betancourt y dos contratistas norteamericanos, usando vehículos con
la identificación de la Cruz Roja.
COLOMBIA: UNA LARGA
TRADICIÓN DE CONFLICTO-POSTCONFLICTO.- Colombia lleva muchísimos años en guerra
y posee una experiencia sin igual en procesos de paz frustrados. Desde las
guerras de independencia, pasando por la guerra de los Mil Días y La Violencia,
hasta el actual proceso de paz, son muchas las ocasiones en las que en Colombia
se ha intentado dar terminación al conflicto y dar paso a una situación de post
conflicto en la cual nuevos brotes de violencia aparezcan como innecesarios. La
ausencia de una paz duradera debería suscitar un análisis a fondo de los
diversos procesos de paz que se han dado en el país, comenzando desde el
proceso de construcción de Nación en el siglo XIX hasta los procesos más
recientes. El análisis de tal historia permitirá observar las diversas
estructuras que han dado lugar no sólo a la aparición de la guerrilla sino de
los grupos paramilitares y permitirá observar las carencias institucionales del
Estado que han conducido a la aparición de grupos de autodefensa, sean estos de
derecha o de izquierda.
En conclusión se podría
decir que en el marco de la desmovilización de cientos de
paramilitares de las AUC, uno de los temas que ha concentrado la atención de
los analistas y de algunos congresistas es el relativo a la situación penal de
los miembros de este grupo armado. ¿Se les debe dar perdón y olvido como se
sugiere en algunos sectores?, ¿o tal vez sancionar a los jefes de la
organización y dejar en libertad a los soldados rasos? O, como aparentemente lo
sugiere el proyecto del Senador Rafael Pardo, de la Representante Gina Parody y
del Representante Luis Fernando Velasco, ¿perdón y olvido para algunos y
sanción no superior a diez años para los Comandantes? Un análisis de las
posibles soluciones mostrará que no sólo por razones de imperativo moral
debemos optar por la justicia como camino a la paz, sino que hay razones
pragmáticas que indican que la sanción de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es el camino más
adecuado para alcanzar una paz duradera.
